DE LA ESCUELA DE PATRONATO A ESCUELA NACIONAL

  Don Anselmo González González nació en Galilea en el año 1750.  Perteneció a esa pléyade de riojanos ilustres que en la segunda mitad del s. XVIII tuvieron que emigrar a tierras del sur, estableciéndose en la ciudad de Cádiz donde se dedicó  toda su vida a la actividad mercantil, acumulando una gran fortuna.  El 26 de septiembre de 1810 encontrándose enfermo, y al no tener herederos forzosos,  pues era soltero, otorgó poder para testar en su nombre  a favor de Esteban Gastaca, José Puyados y Clemente Fernández Elías, quién años más tarde sería también albacea de Juan Esteban Elías, fundador de la escuela de Soto de Cameros y ejecutor de su voluntad, y les nombró sus herederos fideicomisarios, solidaria y mancomunadamente, para que aplicaran el importe de su caudal, una vez liquidada su testamentaría, al único comunicado que les dejaba.  Este comunicado consistía en que lo sobrante  de sus bienes, en caso de haberlo, se aplicasen a la mejor enseñanza e instrucción , en primeras letras, de los niños pobres de Galilea, su pueblo natal, bajo la dirección, vigilancia y cuidado de los señores cura y alcalde del mismo pueblo a quienes, desde este momento instituía también en patronos. 

Asimismo disponía que, en caso de que sobrase dinero después de pagar al maestro o maestros que se estimasen precisos para los mayores adelantamientos de la juventud, instrucción de la doctrina cristiana para que llegasen  a formar a aquella juventud útil a la religión y al Estado, se les diese a los niños libros, papel, tinta, plumas y demás que se necesitase, además de alguna ropa.  El capital que se destinase a este fin había que invertirlo para que con sus productos se garantizase la perpetua duración de la obra pía que se constituía. 

Un "recibí"

Anselmo González murió al día siguiente mismo de dar poder, a las nueve de la noche.  Inmediatamente sus albaceas iniciaron los trámites de la testamentaría, pero la tarea no fue fácil.  Duró catorce años.  La mayor parte de su caudal consistía en créditos de dudoso cobro, pero por fin consiguieron reunir fondos suficientes con qué cubrir todas las obligaciones, y dejaron sobrante  suficiente para aplicarlo a la Fundación de la escuela.  El 15 de diciembre de 1824 se reunió la junta de acreedores donde se aprobó el estado de cuentas y el pago de acreedores.  El día 24 del mismo mes de diciembre, los albaceas, para desembarazar sus conciencias de esta carga, antes de que una  imprevista muerte les impidiese hacerlo, decidieron transferir esta institución y nombramiento de herederos en los ministerios eclesiástico y secular, representados en los señores cura y alcalde de Galilea para que, sin pérdida de tiempo, tomasen el resto de los bienes de la testamentaría de don Anselmo González, tal y como resultaban del estado que, judicialmente,  habían presentado, y les diesen, bajo su responsabilidad, de la que ellos se descargaban, la aplicación puntual y exacta. 

Encargaban a los señores cura y alcalde, y a los que en lo sucesivo les sucedieran, el que procurasen cumplir con su responsabilidad el mejor desempeño de esta escuela pública y la conservación de sus capitales , con cuyo fruto se habría de sostener, por ser todo conforme a la voluntad del fundador.  El capital fundacional, además del invertido en la construcción del edificio,  escuela y vivienda y en la adquisición de huerto para el maestro, ascendía a 156.000 reales, muy inferior al que se había desembolsado para otras escuelas de similares características, como la de Ajamil,  Aldeanueva de Cameros y mayor incluso que el inicial de San Román.  En 1956 estaba invertido en títulos de la deuda perpetua interior al 4%, por un valor de 39.000 Pts . 

  En 1922 se clasificó como Fundación benéfico particular docente, y el 15 de mayo de 1923 la escuela se convirtió en escuela nacional.  El día 9 de diciembre de 1946 se transmutaron los fines de la Fundación, y la renta de su capital se destinó a mantener las obras circunescolares, premio de los alumnos de mayor aplicación, ropero, formación de biblioteca escolar, ayuda y estudio a la catequesis parroquial, y de los círculos de estudio de Acción Católica. El 7 de marzo de 1947 se aprobó el reglamento por el que habría de regirse estas obras circunescolares. 

Esta escuela de Patronato funcionó a lo largo de 100 años bajo la presidencia de los patronos, cura y alcalde respectivos.  El 28 de abril de 1919, la Junta Local de Primera Enseñanza , encargada de velar por los intereses de la enseñanza en nuestra localidad, dirige una comunicación al Ayuntamiento para iniciar los trámites de sustitución de la escuela de patronazgo por escuela nacional.  Fundamentan su escrito en el hecho de que en el último censo de 1910, Galilea tenía empadronados 568 vecinos y este hecho le hacía merecer una escuela nacional de niños puesto que ya contaba con una de niñas. 

Pero además había otras poderosas razones que avalaban esta petición de la Junta Local.  Argumentaban que la creación de esta escuela era de una urgencia extremada, dado que la escuela de patronato había interrumpido su funcionamiento porque el patrimonio que legó el fundador había disminuido hasta casi desaparecer; pero sobre todo porque las retribuciones de los maestros de las escuelas estatales eran muy superiores a las que pudieran ofrecerse a las de patronato, siempre ligados al patrimonio de su fundador.  Por tal motivo resultaba muy difícil sustituir a los maestros que abandonaban su cargo por cesar en sus funciones, o por haberse promocionado a los de titularidad estatal. 

El escrito de la Junta Local de Enseñanza conminaba al Ayuntamiento a que formulase el expediente oportuno ante la superioridad  

“…a fin de que se cree una escuela nacional de niños en sustitución de la de patronato.” 

 Paralelamente, y en el mismo sentido, los copatronos de la Fundación, como máximos responsables de la misma, dirigen a su vez otro escrito al Ayuntamiento manifestando la dificultad que entraña el mantenimiento de la escuela de niños  

“…con los solos recursos que le dotó el fundador, los cuales disminuyen progresivamente para mantener con decoro un maestro, además de dotar a la escuela del material necesario.” 

Retribuciones

Los co-patronos creían interpretar fielmente la voluntad y disposiciones de aquel hijo insigne, poniendo dichos bienes a la disposición del Ayuntamiento a fin de que éste pudiera dar mayor esplendor a la nueva escuela que ha de crearse.  Aconsejaban los patronos, en su escrito, que los fines a los que podían destinarse los fondos que quedaban de la Fundación bien pudieran ir a mejorar el local de la escuela nacional de niños, que ha de crearse; reforzar el material pedagógico de dicho centro; a premios para la mejor asistencia de los niños pobres; y a premiar a los maestros cuyo celo e interés por la enseñanza sean reconocidos como extraordinarios por las autoridades locales. 

A la vista de estos dos escritos los asistentes a la reunión tomaron el siguiente acuerdo: 

“1.- Solicitar de la superioridad  la concesión de una escuela nacional de niños por tener este municipio más de 500 almas. 

2.- Aceptar la oferta de los copatronos para que los intereses de los bienes que administran sean invertidos  en mejorar la enseñanza de la escuela nacional de niños. 

3. Contraer el compromiso por parte del Ayuntamiento que, una vez  que la escuela nacional de niños se cree, dotarle de un local, casa-habitación para el maestro y material escolar.  Si no se dispusiera de casa, habilitar  una partida del presupuesto para el arrendamiento. 

4. Que sin demora alguna se inicie expediente ante la superioridad por carecer de maestro la escuela de Patronato y ser difícil encontrar un profesor que se preste con un sueldo inferior al ofrecido por el Estado.” 

El alcalde, Leopoldo Fernández, hace valer su amistad con el diputado nacional por Torrecilla don Alberto Villanueva y el día 1 de mayo de 1919 le dirige una carta a la que el diputado contesta,  

“…con mucho gusto se hace cargo de su carta y se ocupará con el mayor interés del asunto que tanto le interesa.”   

Los contactos son intensos en este mes de mayo puesto que don Alberto Villanueva remite una nueva carta al alcalde en la que le dice lo siguiente: 

Primer informe

“Recibo su carta, y me escribe con el mayor interés don Alberto Gutiérrez de Barcena, -diputado provincial por el mismo distrito que el Sr. Villanueva que también intercedió de manera activa en los logros de nuestro pueblo, pero que no tuvo el reconocimiento de aquél- sobre el mismo  asunto "escuelas".  Teniendo usted presente mi constante actuación durante el cortísimo tiempo que he tenido la honra de representar a ustedes en Cortes, hasta el extremo de que, en el asunto de la carretera no había ni siquiera proyecto, están ustedes atendidos en sus aspiraciones y a punto de anunciarse la subasta apenas pase el periodo electoral. 

No creo que me hagan ustedes la injusticia de creer que con menos actividad y empeño he de atender a cuanto a la primera enseñanza se refiere, y a ustedes tanto interesa.  El expediente se encontraba a informe de consejo de instrucción pública, y se tiene interesada la urgente tramitación.  Pero, aun conseguido, ustedes no pueden ignorar que en el presupuesto vigente no hay crédito para la creación de escuelas.  Estas son las calamidades de los presupuestos prorrogados y en vigencia por dozavas partes.  Hasta que las Cortes voten nuevos créditos la situación será esa y, amigo Fernández, esto es algo que está por encima de todo esfuerzo de voluntad.  Sé que usted tiene plena seguridad  en nuestra intensa ayuda en todo momento.” 

Incluso su padre, el insigne don Miguel Villanueva, a la sazón Presidente del Senado, interviene, dirigiéndose en dos escritos, al Presidente del  Consejo de Instrucción Pública y a don Rafael Altamira  para que intercedan, favorablemente, en esta reconversión.  En 1922, dos años después, el Patronato se clasificó como Fundación benéfico-particular docente y el 15 de mayo de 1923 la escuela se convirtió en escuela nacional de niños. 

Aún faltaba lo más importante: conseguir un solar para construir un edificio que albergase la recién creada escuela nacional.  El terreno que se había adquirido era en el que más tarde habrían de levantarse las viviendas de los maestros, pero que desde un principio, dado que su superficie era menor a la exigida por el Estado, iba a estar rodeado de problemas.  El 23 de julio de 1923 la  Dirección de Primera Enseñanza remite una comunicación, aparecida en la Gaceta de Madrid en fecha 27 de enero, autorizando la construcción, por cuenta del Estado, de un edificio para escuelas públicas.  En ese momento, su construcción era ya necesaria puesto que las clases se estaban impartiendo en casas particulares y arrendadas para tal fin.  Como contribución a la realización de este proyecto, el Ayuntamiento aportaría 1.000 Pts en metálico, 600 caballerías para el arrastre de materiales y  consignar en su presupuesto la cantidad de 100 Pts anuales para la conservación del edifico construido. 

El expediente tramitado por el Ayuntamiento ante el Ministerio de Instrucción Pública, se paraliza, sin justificación alguna durante dos años.  El último día del año 1925, se celebra un pleno extraordinario para aprobar la confección de un nuevo expediente en el que se ofrecía al Estado la aportación del solar donde instalar el nuevo  edificio docente; una cantidad equivalente al 8% en metálico del importe total de las obras; y el compromiso solemne de consignar, en cada presupuesto anual,  una cantidad equivalente al 1% de las obras para atender a su conservación y reparación. 

La Dirección General de Primera Enseñanza no contesta hasta el 18 de septiembre de 1926, devolviendo el expediente instruido por el Ayuntamiento el 26 de marzo de 1923.  Las razones que alega son que, el solar ofrecido por el municipio de 439,42 metros cuadrados, en la, entonces, calle de la fuente, es insuficiente para construir el edificio que se pretende.  La corporación lamenta la tardanza en contestar por parte del Ministerio y se plantean entre disponer de un solar menos amplio, a ocuparse directamente en instalar, en alguna de sus dependencias, las nuevas escuelas.  El alcalde se reúne con el inspector de Primera enseñanza por si era factible  construir dichas escuelas en el mismo edificio de la casa Consistorial que acaba de inaugurarse.  Visitado este edificio por el inspector, éste remite un informe positivo, y les hace ver la conveniencia de desistir en sus pretensiones de financiación por parte del Estado.  En vista de ello se acuerda iniciar los trabajos necesario para reformar el segundo piso de la casa Consistorial y convertirlo así en escuelas nacionales. Esto se efectúa el 27 de marzo de 1929. 

Con esta fecha, la Inspección Provincial de Logroño autoriza el traslado, desde las casas particulares y en régimen de arrendamiento, donde funcionaban las clases, hasta la segunda planta del Ayuntamiento, las escuelas nacionales que habría de estar vigentes hasta 1953. 

El destino de la Fundación.

Informe del año 1923

En el mes de enero de 1934 se remite, por este organismo, un escrito a los patronos de la fundación en el que, amparándose en la orden ministerial del 21 de noviembre de 1931, devuelven las cuentas de dicha Fundación, a fin de que se rehicieran nuevamente dado que no aprobaban ciertas partidas consignadas en ellas.  Por otra parte, les ordena que, en unión de la Junta Provincial de Beneficencia, regulen la marcha de la fundación e incoen el oportuno expediente para la venta, en pública subasta, de los inmuebles propiedad de la Obra Pía, a la vez que instruyan el expediente de transmutación de fines que perceptúa la ley. 

Una orden de la Dirección General de Primera Enseñanza a la que pertenecía la sección de fundaciones benéfico-docentes , de fecha 10 de octubre de 1933, acuerda que se den de baja ciertas partidas anotadas en las cuentas de 1931, pasando a engrosar el saldo de 1932.  Ordenaba, asimismo, que el Patronato llevase a cabo las gestiones necesarias para cobrar los créditos pendientes que tenía.  Con el saldo existente y el importe de estos créditos, el Patronato debía invertirlos, a nombre de la Fundación, en una lámina intransferible de la deuda pública, a través de la intermediación de agentes de cambio y bolsa. 

Con anterioridad, los tres alcaldes que habían ejercido este cargo en la última etapa de la vida del Patronato, remiten una instancia a la Junta Provincial de Beneficiencia, en la que justifican y defienden su gestión al frente del mismo.  Informan que a medida que fueron transcurriendo los años, cada uno de los exponentes, -Florentino Fernández, José de la Prida y Anselmo Cenzano- en unión del párroco, ya fallecido, don Eulogio Ruiz Viana, formalizaron y presentaron, para su debida tramitación a la Junta Provincial de Beneficencia, las cuentas de la Fundación, las que aun hallándose reintegradas y justificadas, quedaban retenidas en la oficina provincial sin que, al parecer, hubieran sido cursadas a la superioridad. 

Más adelante expresaron su sorpresa por la resolución tomada por este organismo y dirigían hacia el cura su responsabilidad, argumentando que ellos fueron patronos en distintos años, y aquél lo fue siempre.  Justifican las inversiones efectuadas en inmuebles propiedad del Patronato, en el hecho de que si desaparecieran no podrían dar producto alguno ni ser habitadas, como lo fueron inmediatamente después de su reparación.  Acusaban de pasividad a la Administración que, en distintas fechas acudieron con instancias, suplicando la oportuna autorización para efectuar las reparaciones, y los escritos  quedaron sobre la mesa de la Junta Provincial  de Beneficencia. 

Estos razonamientos, y algunos más, esgrimían los patronos de la Fundación para demostrar que su responsabilidad era excusable por la inexistencia de lucro, ni intención de cometerlo, teniendo en cuenta que los intereses de la Fundación no sufrieron quebranto alguno ya que, por haber sido reparados los edificios, han repercutido positivamente en la obra pía.  A pesar de estos argumentos, la Dirección General de Primera Enseñanza desestima la petición y declara a los firmantes responsables de las cantidades mal invertidas, durante el tiempo que formaron parte del Patronato. 

Subasta de los bienes inmuebles. 

La orden ministerial de 21 de noviembre de 1931 ordenaba incoar el expediente para vender, en pública subasta, los bienes inmuebles del Patronato.  Esta subasta se lleva a cabo el 1 de junio de 1943 y su importe se invierte en una lámina intransferible de la deuda pública.  Los inmuebles que poseía el Patronato, según el pliego de condiciones por el que se rigió la subasta, eran los siguientes.  Una casa, sita en la calle Alberto Villanueva, limitando por la derecha con la casa de Maximiliano Martínez, por la izquierda con la de Justo Tejada y a la espalda con el mismo propietario que por la derecha.  Esta casa se valoró en 6.000 Pts.  Mil pesetas más se valoró la casa que radicaba en la calle Anselmo González, lindante por la derecha con la casa de Patricio Pascual y por la izquierda con los herederos de Luca Martínez y por la espalda con la Calleja del Loco.